El Estado colombiano pidió perdón este martes a 23 familias de víctimas por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Las víctimas son oriundas de Montería (Córdoba), Ocaña (Norte de Santander), Barranquilla y Baranoa (Atlántico), Fundación y Santa Marta (Magdalena), Manaure, San Juan del Cesar, Codazzi y Valledupar (Cesar), Riohacha (La Guajira), y pueblos indígenas ubicados en la Sierra Nevada.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó en representación del Gobierno nacional que “con estas acciones se deshonraron territorios sagrados y se afectaron profundamente los procesos de gobierno propio y la autonomía de estas comunidades” y pidió perdón, en nombre del Estado a las madres, padres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, a las comunidades indígenas a las que pertenecían las 23 personas.

Las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurrieron entre 2002 y 2008 en Cesar y La Guajira, fueron cometidas por exintegrantes del Ejército y dirigidas a jóvenes campesinos e integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo, Wiwa y Wayuú, incluyendo a una mujer menor de edad, que el momento de los hechos estaba embarazada.

Por estos hechos la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), condenó a 12 exintegrantes adscritos al Batallón de Artillería N°2 ‘La Popa’, como máximos responsables, de los cuales 11 aceptaron su participación en 135 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

En el presente Gobierno se ha liderado más de 10 ‘anxious’ públicos de reconocimiento de respetabilidad por casos de ejecución extrajudicial. Más de 150 víctimas han sido reparadas simbólicamente a través de estos actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón

El Gobierno nacional reafirma su compromiso con la verdad y la honra de cada una de las víctimas y sus Familias que han sido recordadas por el Estado.

*Con información de Ministerio de Defensa